Todo sobre la Ley de Segunda Oportunidad (2023)

En la compleja trama de la vida financiera, la Ley de Segunda Oportunidad se alza como un faro de esperanza para aquellas personas que enfrentan deudas abrumadoras y desafíos económicos significativos. Este marco legal, diseñado para proporcionar un camino hacia la recuperación financiera, ofrece a individuos, sean o no empresarios, la posibilidad de liberarse de cargas financieras insostenibles y comenzar una nueva vida en el ámbito económico. En este artículo, desglosaremos los elementos esenciales de la Ley de Segunda Oportunidad, desvelando cómo esta herramienta legal ha cambiado la vida de muchas personas, abriendo puertas hacia un futuro más sólido y prometedor.

¿Qué es la Ley de Segunda Oportunidad?

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, también conocida como “Ley de Segunda Oportunidad”, es una reforma de la Ley Concursal que introduce en España, por primera vez, la posibilidad de que el deudor insolvente de buena fe pueda ver canceladas las deudas que no puede satisfacer con su patrimonio.

Este perdón de las deudas se articula a través de un instituto jurídico novedoso denominado “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho” que se regula por primera vez en España en la Ley Concursal, que es el texto legal que regula las insolvencias de personas físicas y jurídicas.

Esta regulación, que ya existía en Estados Unidos y en países de Europa pioneros en su aplicación, entra en juego en el año 2015 en un contexto donde la economía española estaba dando signos de recuperación y crecimiento económico, pero todavía había una gran parte de la sociedad que estaba padeciendo los efectos de la recesión económica.

¿Qué es la exoneración del pasivo insatisfecho?

Técnicamente, el mecanismo de Segunda Oportunidad se conoce en Derecho concursal como la “exoneración del pasivo insatisfecho”, que hace referencia a la deuda remanente que queda cuando el deudor ha liquidado la totalidad de su patrimonio en favor de sus acreedores y que, tradicionalmente, se podía extinguir o cancelar si el deudor era merecedor de este beneficio.

Este mecanismo es exclusivo de las personas físicas, sean consumidores o empresarios, sin que una empresa (sociedad limitada o anónima) pueda solicitar la cancelación de la deuda. La explicación es bien sencilla: una empresa, cuando es declarada en quiebra, se liquida con la intención de pagar en la medida de lo posible las deudas que tenga. Una vez liquidada, esta desparece del tráfico jurídico, es decir, se extingue para siempre.

A diferencia de una empresa, la persona, una vez ha liquidado su patrimonio para pagar sus deudas, no se extingue, sino que seguirá viviendo y, en consecuencia, tendrá unas necesidades económicas. Entonces, si esta persona no ha podido satisfacer todas sus deudas con la liquidación del patrimonio, si debe seguir respondiendo de la deuda remanente que no ha podido pagar, acabaría en una situación peor de la que se encontraba el principio: sin patrimonio y con deudas.

Evidentemente, esto no tendría sentido. ¿Quién querría declararse insolvente si va a acabar en una situación peor de la que se encuentra? Por este motivo, en Europa y, concretamente, en España, se introdujo en el año 2015 el mecanismo de segunda oportunidad o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, para que aquellas personas cuyo patrimonio no alcanzase para pagar todas sus deudas pudieran dejar atrás del pasivo remanente y sanear definitivamente su situación financiera.  

¿Cuál es su finalidad?

Como se recoge en el preámbulo de la Ley de Segunda Oportunidad, el objetivo de la ley es permitir “que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer”.

El legislador español se dio cuenta de que la inexistencia de mecanismos de segunda oportunidad en el país estaba lastrando la recuperación económica, pues las personas no tenían la seguridad necesaria para emprender y crear riqueza, lo que determinar el crecimiento económico de un país.

Por esta razón, introdujo la legislación sobre segunda oportunidad para evitar que las personas golpeadas por la crisis económica quedaran de manera indefinida en situación de insolvencia, lo que favorecía la economía sumergida y, en consecuencia, disminuía el consumo, incrementaba el gasto público y ralentizaba el crecimiento económico.

Además, introducir el mecanismo de segunda oportunidad favorece la cultura empresarial y la creación de empleo, pues las personas saben que, en el supuesto de que se animen a emprender, tienen una regulación detrás que les protegerá en el supuesto de que fracasen en su cometido, disminuyendo drásticamente las consecuencias del fracaso empresarial.

Quizás a primera vista parece que una ley que cancela las deudas puede ser perjudicial para las entidades bancarias, dado su peso en la economía española, y, por lo tanto, tiene que tener algún truco o trampa.

Pero lo cierto es que esto no es así, si tenemos en cuenta los efectos que tiene para la sociedad mantener a una persona esclava de sus deudas: economía sumergida, pues el deudor al tener que pagar impuestos y estar embargado, no tiene interés de trabajar de manera legal; incremento del gasto público, pues el deudor que no tiene ingresos oficiales depende de las ayudas del Estado; ausencia de consumo, pues el deudor que está embargado no va a comprarse un vehículo o inmueble y tiene dificultad para contratar servicios al estar en listados de morosidad; nula recuperación del crédito, pues al no tener ingresos ni bienes los acreedores no pueden recuperar ninguna cantidad.

Con la Ley de Segunda Oportunidad se pretende que el deudor comience de cero y pueda sanear su situación financiera, lo que tiene unos beneficios a largo plazo: pagará impuestos; en determinados casos, volverá a emprender y creará puestos de trabajo; y consumirá bienes y servicios.

¿Qué ventajas tiene?

La ventaja principal de la Ley de Segunda Oportunidad es que, en la gran mayoría de los casos, permite al deudor cancelar todas las deudas sin importar su cuantía, es decir, va a poder superar el sobreendeudamiento provocado por préstamos personales, tarjetas y microcréditos.

Esto tiene consecuencia positivas: desaparecerán las demandas judiciales y los embargos, las llamadas incesantes de cobrados, las cartas informando de la inclusión de datos en ficheros de morosidad… y el deudor podrá volver a comenzar de cero una nueva vida sin deudas, con la experiencia vivida que le permitirá gestionar de manera más diligente sus finanzas y, en su caso, volver a emprender y materializar proyectos empresariales. 

La extinción de las deudas comportará que sus datos sean borrados de los listados de morosidad (ASNEF, EXPERIAN, etc.) y actualizados os datos bancarios que constan en la Central de Riesgos del Banco de España, lo que a la larga le permitirá recuperar su reputación financiera y ser solvente frente a bancos y empresas de servicios.

Además, en el caso de que el deudor tenga una vivienda, podrá lograr reestructurar su deuda evitando la pérdida del inmueble y las consecuencias negativas que tiene una ejecución hipotecaria o desahucio.

¿Beneficio o derecho?

Cuando el mecanismo de segunda oportunidad fue introducido por primera vez en España con la Ley 25/2015, de 28 de julio, conocida como “Ley de Segunda Oportunidad”, el legislador decidió denominar esta institución como “beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho”.

El empleo del término “beneficio” siempre fue un poco controvertido. En efecto, tradicionalmente, únicamente era merecedor de la exoneración del pasivo insatisfecho aquel deudor que fuera de buena fe. No obstante, el problema estaba en que el concepto de buena fe mezclaba, por un lado, elementos propios de un deudor diligente y, por otro, elementos vinculados a la capacidad económica del deudor.

Esto hacía que fuera considerado deudor de buena fe aquél cuya capacidad económica le hubiera permitido pagar determinadas deudas durante el proceso (créditos contra la masa y créditos privilegiados), mientras que el deudor sin capacidad económica para afrontar estos pagos podía continuar beneficiándose de este derecho, si bien bajo un régimen más riguroso.

En otras palabras, se condicionaba la buena fe a la capacidad económica del deudor, lo que no tiene sentido, pues aquella no es un elemento subjetivo que sirva para valorar la conducta del deudor.

Por suerte, esto ha terminado con la reciente reforma operada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, cuya regulación de la exoneración del pasivo insatisfecho prescinde del sustantivo “beneficio”.

Efectivamente, en la regulación actual la buena fe sigue siendo la piedra angular de la institución, pero se presume a través de la no concurrencia de determinadas circunstancias. Ahora el deudor que no se encuentre bajo determinadas circunstancias que no lo harían ser merecedor de este “beneficio”, goza automáticamente de esta facultad de solicitar la cancelación de las deudas, que ya no se erige como un beneficio sino como un derecho.

En definitiva, lo que denominamos Segunda Oportunidad no es más que el derecho del deudor insolvente a recuperar su vida económica tras un fracaso, otorgándole la posibilidad de volver a emprender, en su caso, y de sacar una enseñanza de la crisis sufrida, lo que redundará, a largo plazo, en él, en los propios acreedores y en la sociedad.

¿Puedo cancelar todas mis deudas?

Una vez que hemos encontrado una explicación lógica a este derecho del deudor insolvente de ver canceladas las deudas que no puede afrontar, cuya ausencia muchas veces crea ese escepticismo entre la gente de a pie, la segunda cuestión que surge es si se pueden cancelar todas las deudas.

Pues bien, no todas las deudas son cancelables, puesto que existen excepciones que por su especial naturaleza o relevancia no pueden ser perdonadas. Ahora bien, estas excepciones son reducidas y en ningún caso afectan a préstamos personales sin garantía real, tarjetas y microcréditos, que es la deuda que no puede afrontar la gran mayoría de personas.

Por tanto, si solo tienes deuda con bancos y entidades de crédito, ¡lo más seguro es que puedas ver canceladas todas tus deudas y comenzar de nuevo!

¿Cuáles son sus requisitos?

Para acogerte a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario que te encuentres en una situación de insolvencia, es decir, que tus recursos económicos no te permitan pagar de manera regular tus deudas o tengas serias dificultades para ello. Si tus ingresos no te permiten llegar a fin de mes y estás desatendiendo tus necesidades básicas, seguramente te encuentres en una situación de insolvencia, por lo que no dudes consultarlo con un especialista.

Si bien no existe un importe mínimo para acogerse a la ley, debes ser consciente de que es un proceso excepcional y que una vez te hayan cancelado tus deudas, no podrás volver a solicitarlo en unos años, por lo que no conviene malgastarlo cuando las deudas no superan una determinada cuantía. No obstante, la conveniencia del proceso dependerá de varias circunstancias como el número de acreedores y la existencia de procedimientos judiciales, por lo que si tienes dudas consúltalo con un abogado especialista.

Lo que sí no admite discusión, es que deberás tener como mínimo dos acreedores, es decir, tener deudas con dos o más bancos, entidades financieras, organismos públicos, empresas o particulares. Si solo tienes un acreedor, no podrás solicitar la declaración de concurso.

Además de los requisitos anteriores de acceso al proceso, para solicitar la cancelación de tus deudas necesitarás cumplir otros requisitos para que puedas ser considerado deudor de buena fe, tales como no haber cometido determinados delitos o infracciones tributarias o de seguridad social que tengan la consideración de graves. No obstante, estos requisitos lo cumplen la gran mayoría de personas y salvo que tengas antecedentes penales o hayas incumplido deberes formales con Hacienda o Seguridad Social, no suelen suponer un obstáculo.

¿Qué pasará con mis bienes?

A diferencia de la regulación anterior, donde el deudor antes de solicitar la cancelación de sus deudas tenía que liquidar su patrimonio, en la actualidad la ley contempla la posibilidad de que el deudor pueda conservar su patrimonio, en especial, la vivienda habitual o aquellos bienes necesarios para el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.

La agilización del proceso y la introducción de los “concursos sin masa” permite al deudor cancelar sus deudas sin necesidad de perder la propiedad de sus bienes, siempre que estos tengan un valor reducido de mercado o tengan cargas por un importe similar o superior a su valor, como ocurre con determinados bienes hipotecados por encima de su valor o con los vehículos con reserva de dominio.

Gracias a esto, si tienes un vehículo con una antigüedad superior a los 10 años y un kilometraje notable, lo más seguro es que el juez considere que no tiene valor y te lo puedas quedar. Lo mismo ocurre con los inmuebles que tengan todavía mucha hipoteca que pagar o sobre los que el dominio esté compartido.

Si el deudor es titular de bienes de valor, se le concede la posibilidad de quedarse con los bienes y asumir, mediante un plan de pagos, una parte de la deuda que se cancelaría. Precisamente, la reforma de la ley pretende que el deudor pueda conservar la vivienda, puesto que la pérdida de esta desincentivaba el acceso al proceso de Segunda Oportunidad. En cualquier caso, siempre tendrá la posibilidad de liquidar su patrimonio y quedar completamente sin deudas.

Si te encuentras en situación de insolvencia y tienes una vivienda o vehículo de valor, lo mejor que puedes hacer es solicitar asesoramiento para asegurarte que puedes conservar tus bienes cancelando total o parcialmente las deudas.

¿Cuánto tarda el proceso?

La duración del proceso dependerá de su complejidad y del volumen de trabajo del juzgado que conozca del expediente.

En los concursos sin masa, es decir, ante la inexistencia de patrimonio de valor, desde la declaración de insolvencia del deudor hasta la conclusión del proceso, la tramitación del procedimiento suele durar un promedio de 6 meses.

En los concursos ordinarios, es decir, cuando existe patrimonio de valor libre de cargas, la duración del procedimiento puede dilatarse hasta los 12 meses o, incluso, más si el deudor opta por la liquidación de su patrimonio.

¿Cuánto cuesta el proceso?

El coste total del proceso dependerá de los honorarios del abogado, la retribución del administrador concursal y el tipo de tramitación del concurso.

El coste más importante será el de los honorarios del despacho de abogados que se encargue de la preparación y representación técnica del deudor en el procedimiento concursal correspondiente. Por lo general, los honorarios del despacho dependerán de la complejidad del expediente y de la existencia de activos, pero oscilan entre los 3.000 a 5.000 euros (IVA incluido), que suelen pagarse en cuotas mensuales reducidas en atención a la situación económica del deudor.

Cierto es que se pueden encontrar precios inferiores y muy económicos, pero a costa de prescindir de una atención más personalizada y otros servicios esenciales para que el deudor pueda materializar la segunda oportunidad una vez obtenida la resolución judicial.

En tanto la ley obliga a comparecer en el proceso con abogado y procurador, este último también cobrará unos honorarios, aunque son sustancialmente inferiores y suelen oscilar entre los 300 euros. No obstante, en los concursos de tramitación ordinaria, es posible que estos se incrementen sustancialmente en función del pasivo del deudor.

Además, si el deudor tiene activos de valor, se nombrará un administrador concursal que será el encargado de dirigir e impulsar el procedimiento. La retribución de este profesional dependerá del activo y del pasivo del deudor, por lo que si tiene inmuebles puede superar los 1.000 euros.

Por último, existen otros gastos menores inherentes a la preparación del expediente, tales como la obtención y expedición de documentos, o el otorgamiento de poderes notariales, aunque no suelen superar los 100 euros. También si el deudor es titular de bienes inscribibles en registros públicos, deberá afrontar el pago de las anotaciones e inscripciones pertinentes.

Conclusiones

Como hemos visto, la Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal destinado a las personas físicas que se encuentran en situación de sobreendeudamiento y no pueden afrontar el pago de sus deudas, ya sea por haber fracasado empresarialmente, haber perdido su trabajo, el fallecimiento de un familiar o, en definitiva, la pérdida de control sobre sus finanzas por cualquier causa.

Es una herramienta a través de la cual podrás cancelar total o parcialmente tus deudas, lo que te permitirá acabar los embargos, salir de los listados de morosidad y dejar de recibir llamadas y cartas reclamándote deudas.

Prácticamente todas las deudas se pueden cancelar, en especial, los préstamos personales, tarjetas y microcréditos, que son los créditos más frecuentes en la práctica. Únicamente se establecen unas excepciones para determinadas categorías de deudas y se limita la exoneración de las deudas con Hacienda y Seguridad Social a 10.000 euros por organismo como máximo.

Los requisitos de acceso al proceso pasan por no haber cometido determinados delitos y no haber sido sancionados con carácter grave por Hacienda o Seguridad Social, entre otros; requisitos que cumplen el 95 por ciento de los deudores insolventes.

La última reforma de la Ley Concursal ha agilizado con creces el procedimiento cuando el deudor no tiene bienes de valor y reducido los tiempos de espera para obtener una resolución de cancelación de las deudas. Además, concede al deudor la posibilidad de conservar la vivienda habitual y sus activos empresariales, por lo que no necesitará liquidar su patrimonio para acceder a la exoneración, como sí era necesario en los primeros años de vigencia de ley.

En definitiva, si estás atravesando una situación económica complicada, no dudes en interesarte por la Ley de Segunda Oportunidad e informarte de sus requisitos y ventajas, puesto que seguramente es la solución idónea para que puedas revertir tu situación de insolvencia.

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